Hasta la
muerte del dictador Franco, en el año 1975, el régimen sostenía que la
autoridad del tirano procedía directamente del mismo Dios (lo que por otra
parte no es de extrañar dado el carácter sanguinario del dios del Antiguo
Testamento, padre del dios del Nuevo Testamento según el cristianismo) y la
religión católica se configuraba como un pilar fundamental de la dictadura. La
Iglesia Católica se encargaba de adoctrinar las conciencias de los españoles y
de inocular el virus del nacional-
catolicismo en la mente de los niños y niñas
desde sus primeros pasos en el desarrollo de su personalidad, de ahí la
importancia de que se mantenga la educación religiosa católica en los centros
escolares.
La Constitución de 1978, redactada sin un
proceso previo al franquismo, declara en el articulo 16.3 que “Ninguna
confesión (religiosa) tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones”. Hay quienes deducen de este apartado la declaración de
aconfesionalidad del Estado, sin embargo la mención expresa a la IC en su
enunciado y el resto del texto hacen sospechar que se trata de una formula para
el reconocimiento implícito de una realidad pasada y del mantenimiento de los
tradicionales privilegios de la IC, fundamentados la mayoría de ellos en la
existencia de los Concordatos (en materia económica, educativa, jurídica y
militar) del Estado Español con la Santa Sede (o sea, con el Estado Vaticano).
Los partidos políticos, con independencia de su ideología, han mantenido el
estatus conferido a la IC y en ocasiones sus privilegios han sido incrementados
de forma vergonzante, en contradicción con la menor adscripción religiosa
católica de la población española.
La sociedad
española ha evolucionado hasta el punto de mantener un profundo divorcio con
las creencias mantenidas por el catolicismo y una oposición a la influencia que
la Iglesia mantiene en las instituciones del Estado y a los privilegios de los
que aún goza. Por decirlo de otra forma, la condescendencia de la clase
política con el poder religioso es muy superior al que le concede la sociedad.
Según datos
del barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) del año 2013 en
cuanto a adscripción religiosa de los españoles, en torno a un 26% de la
población española se considera no creyente o atea, porcentaje muy superior al
9,8% de hace veinte años. Y como dato muy significativo este porcentaje supera el
35% para jóvenes entre 15 y 29 años. A estos datos habría que añadir que entre
quienes se consideran católicos la mayoría no van a misa ni a otros oficios
religiosos (59,1%), aunque si asisten a otros actos de carácter social o
festivo como bautizos, comuniones, bodas o procesiones y romerías. En
consonancia con esta tendencia los católicos
españoles, en su mayoría, no comparten los criterios de la Iglesia
Católica en materia de aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo, la
convivencia fuera del matrimonio (cada vez más parejas conviven fuera del
matrimonio y el numero de matrimonios civiles ha superado al eclesiástico) o
incluso están en contra de la permanencia de sus actuales privilegios y de la
presión que ejerce sobre los gobiernos para mantenerlos. Todos estos datos están analizados por otros
centros de estudio como la Fundación Ferrer i Guardia y diferentes
observatorios sobre la laicidad en España.
Estos
datos serian más que suficientes para reducir el enorme peso que el lobby
eclesiástico (Conferencia Episcopal y sus adláteres) ejerce en las
instituciones del Estado, sin embargo éstas no parecen que estén en disposición
de encarar esta nueva realidad social y encaminarse hacia un Estado
verdaderamente laico, para lo que seria necesario dar por terminado los
acuerdos con el Vaticano y reformar la Constitución.
Sin embargo,
aunque la realidad actual española sea tan distante de lo establecido en la
legislación en la materia que estamos considerando, la llegada al poder del
Partido Popular ha supuesto un reforzamiento del poder de la IC que ha visto la
ocasión propicia para eliminar la asignatura de “Educación para la ciudadanía”
y recuperar la educación religiosa en la escuela, intentar acabar con la ley de
plazos en la interrupción libre del embarazo, condenar como perversa las
homosexualidad y congratularle de cómo los ministros del gobierno llegan al
espantoso ridículo de orar ante vírgenes y santas con el propósito de acabar
con la crisis económica o de imponerles medallas por supuestos meritos civiles
o militares.
Y ¿Qué decir
de los funerales de Estado y de la presencia de las autoridades civiles en los
oficios religiosos?
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