La
sociedad española ha cambiado, no digamos que profundamente, pero si de manera
destacada en la percepción de la realidad religiosa. La democracia nos trajo el
divorcio, que fue considerado por la Iglesia Católica (IC) como un atentado al
concepto de familia, entendiendo que no existe otra familia que aquella en la
que el individuo esta sometido desde su nacimiento al yugo de la ideología
religiosa.
El
devenir de los tiempos recientes, tras la dictadura religiosa-militar del
franquismo, ha permitido que nuevos modelos de familia se hayan instalado en la
sociedad española, los matrimonios exclusivamente civiles, las uniones
extramatrimoniales (parejas de hecho del mismo o diferente sexo), los
matrimonios de personas del mismo sexo o las familias monoparentales. Esta realidad
se enriquece con los hijos procedentes de adopciones, los conseguidos por
reproducción asistida y los procedentes de diferentes relaciones de la pareja.
La
aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con sus
diferentes variantes, supuso para la IC la legalización de la muerte de
personas inocentes, sin tener en cuenta las consideraciones de la ciencia al
respecto, ni las situaciones personales y familiares o del propio feto. A éste
respecto, no deja de sorprender la preocupación y el pronunciamiento de la IC
por la vida de seres no nacidos y la frialdad con la que acoge los muchos casos
de muertes violentas que se producen en el mundo, fruto de la injusticia y en
ocasiones de la utilización de las ideas religiosas.
Son
todas ellas situaciones que la IC no puede entender, como no puede entender que
estas situaciones no estén expresamente prohibidas por la legislación civil.
La
sociedad española ya no escucha a sus obispos. Ésta es la verdadera crisis que,
según la jerarquía católica, atraviesa la sociedad; confunde su propia crisis
con una supuesta crisis de la sociedad porque ésta abandona los valores
ancestrales de su religión. Por lo demás les importa un carajo el sufrimiento
de la gente, el incremento del paro y la prima de riesgo; aunque quizás aquí
habría que matizar, puesto que la IC no es ajena a los vaivenes de los
movimientos de capitales, dado que el Vaticano es un paraíso fiscal doblemente
opaco.
De
ahí deviene la ofensiva de la IC para recuperar a la antes católica España, es
decir para que la sociedad sea como su dios manda, articulada bajo el
pensamiento único que dimana de la IC y transmitido a los seres humanos desde
el nacimiento hasta la muerte, intentando anular de ésta forma su capacidad de
raciocinio. Sabe que la correlación de fuerzas en el ámbito político español le
es favorable e intenta aprovechar la coyuntura para cambiar en todo lo posible
la actual legislación española, que no ha hecho otra cosa que acercarse a la
nueva realidad de la sociedad española, comenzando por la educación religiosa
en las escuelas como instrumento necesario e imprescindible para sus oscuros
intereses y continuando por la eliminación de los instrumentos que atentan
contra su modelo de familia y hacen posible una sociedad más libre y permisiva.
Si para este proyecto ha de hacerse pasar por victima de una injustificada
campaña contra sus intereses lo hará, aunque no es su estilo.
Es
preciso hacer frente a esta ofensiva religiosa, que tiene una componente
añadida que le es de extraordinario valor; se trata de la crisis económica y
social que atraviesan la sociedad española, por la que muchas familias se están
viendo obligadas a recurrir a la caridad ante la dejación por parte del Estado
de sus funciones de solidaridad para con sus ciudadanos. Una vez más política y
religión van de la mano y es preciso cambiar la política para evitar que la
religión se apropie de lo que no es suyo, los derechos de los ciudadanos.