El derecho a la libertad religiosa

“Estamos asistiendo a una ofensiva contra las creencias religiosas y es preciso atajar esta corriente invasora de laicismo integrista y de ateismo militante”.

Estas podrían ser las palabras de quienes se sienten “amenazados” por lo que no es sino el avance natural de las costumbres y la desaparición de los viejos valores religiosos en las modernas sociedades democráticas. Los defensores de las religiones, liderados por sus máximos representantes, entienden la Libertad Religiosa como el primero de los derechos, situado en la base de todos los demás derechos e inseparablemente unido a ellos (Juan Pablo II).  Pero al mismo tiempo es un derecho que lo perciben como excluyente de otros, tales como los de libertad de pensamiento o de elección de otras opciones religiosas, dado el carácter obligatorio del derecho en cuanto que todos los hombres tienen la obligación de buscar la verdad objetiva, absoluta, incuestionable y encontrar en ella al Dios único (Concilio Vaticano II). No se trata pues de libertad de elegir libremente una u otra opción religiosa, sino solo aquella que es verdadera, y contradictoriamente las tres religiones monoteístas así se consideran excluyendo a las otras dos de este privilegio.

Por esta razón cualquier intento de promover avances en el laicismo del Estado es interpretado como una amenaza a la Libertad Religiosa tal como ellos la entienden, como un ataque a la religión verdadera, como una persecución de las creencias religiosas, como una actitud intolerante ante lo sagrado, como una herejía que es preciso erradicar. De ahí que cuando se legisla en materia de divorcio y separaciones matrimoniales, de reconocimiento de la homosexualidad como una cualidad humana no perversa, de interrupción del embarazo, del derecho a una muerte no dolorosa o a la eutanasia, o de una educación no fundamentada en los valores religiosos se interpreta como un atentando contra los principios que sustenta su religión y contra la obligación que tiene todo ser humano a conocer la verdad, es decir de conocer a Dios y de cumplir con las preceptos que la religión verdadera mandata. Quizás por ello todos los padres cristianos tienen la obligación de educar a sus hijos en el cristianismo, lo que es lo mismo que decir que han de ser adoctrinados en las mismas creencias religiosas de sus padres, que igualmente fueron adoctrinados siendo niños. Por fortuna, en los tiempos presentes, la mayoría de los humanos no creemos en la amenaza de la condena al fuego eterno que tantos beneficios han reportado al cristianismo y al islamismo desde sus orígenes, ni tenemos miedo a ser considerados herejes ni a ser castigado en vida por no creer en Dios; aunque todavía sufrimos la cólera de los predicadores de la verdad.  

De igual manera, cuando la sociedad manifiesta un alejamiento de los supuestos valores religiosos, como esta ocurriendo en gran parte de la juventud actual simplemente por convicción de otras creencias y valores, consideran que la juventud esta amenazada, viciada por una sociedad cuyas costumbres han sido pervertidas.  

Cualquier posicionamiento, por leve que sea, en defensa de un Estado Laico es interpretada como una “cruzada” (que ironía) antirreligiosa, como una actitud integrista ante el derecho de Libertad Religiosa por la pretensión de llevar al ámbito de lo privado las creencias religiosas y su simbología, dado que ellos consideran que éstas constituyen un hecho publico y por consiguiente debe ser incluido como parte sustancial de la forma de Estado. Las leyes que no contemplan el hecho religioso son consideradas como contrarias a los valores inmutables de la humanidad. La eliminación de la simbología religiosa de los centros públicos y de los actos oficiales así como la no participación de los representantes públicos en los actos religiosos es interpretada como una ofensa al  derecho de Libertad Religiosa.

Una interpelación parlamentaria relacionada con la financiación de la Iglesia Católica, una petición de revisión de los acuerdos con el Vaticano, una demanda para que la IC pague el impuesto de bienes inmuebles, una critica al posicionamiento fuera de lugar de un Obispo, pretender que la religión salga de las aulas, denunciar casos de pederastia cometidos por sacerdotes, pedir que se cierren los centros de culto de las universidades publicas, criticar la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia (derecho otorgado por el cual la IC puede registrar a su nombre cuantos bienes existan sin propietario) o la petición de retirada de símbolos religiosos de los centros oficiales, por poner algunos ejemplos nada relevantes, son recogidos en un informe publicado en 2013 por la revista Ecclesia como ataques a la Libertad Religiosa, a la cual no se le debe imponer ningún tipo de restricción al tratarse de un “derecho obligatorio”.

No contemplan que la Libertad Religiosa es también el derecho a profesar otras creencias religiosas o no, y por consiguiente el de ser agnóstico, ateo e incluso estar en contra de forma activa contra las creencias religiosas por entender que estas son contrarias al pensamiento racional, al conocimiento científico y no supone ninguna necesidad vital para las personas. Va siendo hora de desterrar el derecho a la Libertad Religiosa y batallar por la Libertad de Conciencia y de Pensamiento.